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La Ley de crédito inmobiliario hará que suban las hipotecas

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Según las Plataformas de Afectadas por la Hipoteca, el dato que nos sorprenderá respecto a desahucios, será el del año que viene, cuando la Ley de crédito inmobiliario ya lleve varios meses implantada. Esta nueva legislación entra en vigor este domingo y supone una mayor transparencia de los bancos en los criterios que se aplican para conceder sus préstamos.

La normativa, surgida de la obligación de Bruselas bajo amenaza de elevada sanción tras años de advertencias, obliga a que se dejen claros los criterios objetivos para otorgar las hipotecas. Otra de sus cuestiones fundamentales es el reparto de los gastos entre el cliente y las entidades, que ya no contarán con carta blanca para imponer sus condiciones y deberán respetar esta normativa. Uno de los impuestos más importantes que las entidades tienen ahora que asumir es el de Actos Jurídicos Documentados. Aunque inicialmente el Tribunal Supremo dijo que debía correr a cargo de los bancos, luego reculó para hacerla recaer en los clientes. Esto provocó el miedo de la banca y un pico en la subida de la tasa tasa equivalente o TAE, un interés directamente vinculado con las hipotecas. La posterior conmoción social hizo que el gobierno estableciese su pago de nuevo a cargo de las entidades mediante decretazo.

Las comisiones para amortizar anticipadamente estos préstamos hipotecarios también deberán ser más bajas que las actuales con la nueva ley. Y ante el adeudo se establecen plazos más expansivos a la hora de proceder al embargo de los inmuebles.
Para garantizar su cobro, es previsible que los bancos se cubran las espaldas imponiendo otro tipo de condiciones extra, como nuevos seguros ante futuros impagos o un incremento de los intereses de aquellas hipotecas que no dependan del euribor.

La moratoria antidesahucios también finaliza en unos meses, por lo que, a no ser que se renueve, la ola de lanzamientos crecerá si no se imponen medidas gubernamentales que la eviten. Otra de las cuestiones que quedan en el aire es si las entidades financieras seguirán ofreciendo manga ancha en la concesión de alquileres sociales. Este tipo de alquileres se destinan a las familias con bajos ingresos que son desahuciadas y se rigen por la Ley de arrendamientos urbanos (LAU), que desde el real decreto del 1 de marzo amplió los plazos a cinco años en lugar de los tres anteriores.

La nueva LAU es prácticamente una copia de la anterior a 2013, incluso podría decirse que menos ambiciosa. Mientras el gobierno no imponga medidas efectivas para paralizar el desfase de los precios inmobiliarios, estos parches en forma de real decreto solo harán que la banca encuentre maneras de sortear las imposiciones de Bruselas.