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Nuevas medidas en el ámbito de la Administración de Justicia.

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El pasado día 19 de octubre, se publicó la  Ley 19/2015, de 13 de julio, de medidas de reforma administrativa en el ámbito de la Administración de Justicia y del Registro Civil.

La norma  tiene por objeto introducir algunas de las medidas incluidas en el Informe de la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas, de la que destacamos la ejecución de las propuestas relativas a la puesta en marcha de un sistema de subastas electrónicas a través de un portal único de subastas judiciales y administrativas en la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado.

En cuanto a la subasta electrónica, se reforman los artículos de la Ley de Enjuiciamiento Civil que regulan la subasta judicial, para establecer un sistema de subasta electrónica, tanto para bienes muebles como para inmuebles, y de bienes inmuebles en los casos en los que estos hubieran sido hipotecados, con las especialidades propias de la ejecución hipotecaria, con un objetivo preciso: el aumento de la concurrencia y, por tanto, de las posibilidades de venta y de que ésta se realice por mejor precio.

La  Ley entrará en vigor el 15 de octubre de 2015, salvo el apartado diez del artículo segundo (Entrada en vigor de la Ley del Registro Civil) y el apartado 1 de la disposición derogatoria única (“Quedan derogadas las disposiciones adicionales vigésima, vigesimoprimera, vigesimotercera, vigesimocuarta y vigesimoquinta de la Ley 18/2014, de 15 de octubre, de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia”), que entrarán en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Este sistema se diseña fundamentándose en los criterios de publicidad, seguridad y disponibilidad. La publicidad de la subasta se llevará a cabo a través del «Boletín Oficial del Estado», en el Portal de la Administración de Justicia y posteriormente en el Portal de Subastas. Para cada una de ellas, se encontrará la publicidad registral de los bienes y de los datos complementarios, como planos, fotografías, licencias u otros elementos que, a juicio del deudor, del acreedor o del Secretario judicial, puedan contribuir a la venta del bien.

Destaca, igualmente, el impulso a las comunicaciones y notificaciones electrónicas entre el Portal de Subastas y los diversos intervinientes en el proceso, aunque se establecen las garantías necesarias para el caso que el ciudadano carezca de los medios técnicos necesarios para intervenir en la subasta electrónica, conforme a la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos, y a la Ley 18/2011, de 5 julio, reguladora del uso de las tecnologías de la información y la comunicación en la Administración de Justicia.

A partir de la aplicación de esta nueva ley, habrá que estar más pendiente ante la posibilidad de no ser conocedores de la subasta de la vivienda

 

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BOE Ley 19/2015 de 13 julio

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